Siguiendo la línea conservadora de Johnny Ramone, el capitalismo de los Misfits, el republicanismo de Agnostic Front, el derechismo de Combat 84, y la irreverencia y estridencia propia del género.

Una revisión de los hechos desde una mirada de Nueva Derecha: Republicana en lo político, Neoliberal en lo económico, y Realista en lo internacional.

miércoles, 15 de junio de 2011

Víctimas.... Ahorro.... puras contradicciones y buenas intenciones.

Estamos ad portas de la celebración de los 20 años de la firma de nuestra adefésica Constitución Política, la cual sus románticos adherentes llaman la más “democrática y social” de nuestra historia, a sabiendas que ese par de palabras suelen despertar simpatías más emocionales que racionales. Dejando a un lado todos los vicios legales específicos en nuestra carta magna, las mil y un reformas que ha tenido desde su firma, e incluso las teorías de conspiración alrededor de ésta, yo creo que se pueden resumir todos sus problemas en un solo término: la contradicción.

La Constitución es contradictoria en sí porque apela a un Estado Social de Derecho, o lo que se conoce comúnmente como Estado de Bienestar (o de Bienestarina en nuestro caso), a la vez que se implantaron artículos donde se busca la reducción del Estado muy en línea con el Consenso de Washington en boga durante esa época, y cuya mínima aplicación dada aún causa escozor. Uno de mis profesores de derecho constitucional me explicaba que se trataba de una constitución lo suficientemente flexible para permitir gobiernos de derecha o de izquierda. Yo por mi parte no me explico cómo puede ser flexible un obeso documento de casi 400 artículos de los cuales muchos se quedan en buenas intenciones al existir incapacidad para realizarlos. En defensa de mi profesor, debo decir que fue él quien me enseñó que una constitución real es aquella que toma en cuenta los factores reales de poder, y aquí en nuestro país cada vez me convenzo más que la contradicción y las buenas intenciones son factores reales de poder.

Pongo el caso:

Recientemente se firmó la Ley de Víctimas con la cual se busca indemnizar y reparar a todas aquellas personas que hayan sufrido alguna calamidad debida al conflicto armado después del 1ro de enero de 1985. Ley cuya sanción presidencial aprovechó la visita del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para hacerse con toda la pompa posible y hasta faltó papayera para amenizar el evento. Aquellos que cuestionamos dicha ley hemos sido tachados de “extremos” por el propio presidente, pero por lo menos para mí no es claro porque el Estado se echa el fardo de todas esas reparaciones y no sólo de aquellas donde efectivamente el Estado incurrió en ataques contra la población.

De acuerdo, siendo defensor de la propiedad privada me parece apenas justo que el Estado le devuelva sus tierras a aquellos que fueron expropiados por los grupos armados ilegales, así mismo conviene que se sepa la verdad de muchas de las masacres tales como Bojayá, Chigorodó o la ocurrida dentro del Palacio de Justicia, más allá de cualquier simbolismo. Lo que vale la pena preguntarse también, por qué sólo se han procesado a mandos medios como el Coronel Plazas Vega con juicios guiñados, mientras que aquellos que empezaron el ataque llegan incluso a lanzarse a la presidencia. Reitero, el discurso político no es excusa para una banda criminal.

Ahora bien, yéndonos a asuntos más prácticos, aquí aparece la pregunta del millón, o más bien, de los millones de dólares ¿Cómo pretende el Estado pagar todas esas indemnizaciones? ¿De dónde va a sacar el dinero? Incluso viendo en la página oficial de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que el Estado se ha cubierto el trasero ante mayores salidas de dinero (ver: Indemnizaciones), aún así el monto de dinero necesario para llevar a cabo esta ley es exorbitante, y no se sabe de donde saldrá. Tal vez mayores impuesto, deuda pública, lo cual me lleva a la contradicción.

Por otro lado, se ha avanzado el proyecto de la ley de sostenibilidad fiscal, la cual busca que el Estado ahorre en momentos de “bonanza” y no despilfarre. Aunque esta ley en apariencia va en línea con muchas de las propuestas de este blog, ya antes he denunciado que de nada sirve si el trasfondo sigue exigiendo grandes gastos, de hecho ya contempla gasto estatal en periodos de recesión. Por lo tanto, no es mucho el ahorro que va a lograr el Estado Colombiano si sus gastos son más altos que sus ingresos, pero sí podemos ver que se tomarán medidas “provisorias” como lo fue alguna vez el 2 por mil, haciendo que eventualmente todo el costo caiga sobre los contribuyentes frenando aún más nuestra ya de por sí estancada movilización social.

Algunos pensaran que esta idiosincrasia de buenas intenciones y contradicciones es un complot para lograr un control total por parte del Estado, y a veces pareciera cierto. Lo que en realidad se denota acá es el hecho de que los mencionados rasgos no son más que los síntomas de un Estado reactivo y acomplejado, que siempre está improvisando para intentar quedar bien, pero a la larga sólo deja cagadas monumentales.

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